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TAN SOLO UN MES DESPUES

Primeras consecuencias de la huelga de cazadores de Guipúzcoa

Solo hace un mes desde que los cazadores de Guipúzcoa colgaron las armas en una huelga indefinida por la falta de acuerdo con la Diputación y el aumento de las poblaciones de jabalíes ya se nota en toda la región.
Jabalíes alimentándose en una siembra El aumento de población de jabalíes es una de las primeras consecuencias visibles de la huelga

Desde hace 4 años, los cazadores vascos están intentando llegar a un acuerdo con la Diputación por la falta de regulación y las normas restrictivas que ponen trabas constantes a la actividad cinegética. Hartos de la situación, hace un mes decidieron colgar las armas de forma indefinida y tan solo un mes después, las consecuencias de la falta de cuadrillas de caza en el monte han empezado a notarse por toda la región. 

 

La principal consecuencia es el aumento exponencial de las poblaciones de jabalíes, con los riesgos y perjuicios que ello conlleva en daños a la agricultura, accidentes de tráfico e invasión de zonas urbanas, pero los cazadores guipuzcoanos se mantienen firmes. Cuentan con el apoyo de los cazadores del resto de Euskadi y han convocado para el 5 de mayo una manifestación, cuando recorrerán San Sebastián para demandar un “nuevo convenio con la Diputación que regule la práctica de la caza”. 

 

La falta de acuerdos para la renovación de un convenio que permita regular la actividad cinegética ha llevado al límite a los cazadores, que hartos de los cuatro años de infructuosas negociaciones han tomado una decisión insólita «si tan malos somos y hacemos tan mal las cosas pues nos vamos, no seguimos más y nos vamos a la huelga», señalaba José Ángel Zaldua, presidente de la Federación Guipuzcoana de Caza. 

 

Desde la diputación se ha intentado calmar los ánimos asegurando que la cinegética es una actividad fundamental que «ayuda a mantener y conservar la biodiversidad, a mantener el equilibrio de nuestro entorno y a controlar la superpoblación de jabalíes» y aseguran que su actitud es «abierta al diálogo y a la negociación», pero los cazadores no se lo creen. 

 

José Ángel Zaldua, declaraba que «llevamos cuatro años negociando y no se firma, cada vez que parece que vamos a llegar a un acuerdo nos ponen nuevas condiciones, negociamos un montón y cada vez nos sacan más obligaciones».

 

Las presiones animalistas también han tenido parte de culpa en esta decisión, un movimiento que Zadua califica de “urbanita” causado por “el postureo y la demagogia”. El presidente de la Federación asegura que los cazadores somos «los más interesados en que la caza sea sostenible porque queremos cazar este año y el siguiente y el siguiente, todos los años», y añade que «si hay mucha presión sobre una especie, somos nosotros mismos los que nos limitamos».

 

Mientras los cazadores mantienen sus escopetas enfundadas, las poblaciones de jabalíes aumentan sin control alguno. La alerta por la expansión de la peste porcina africana sigue siendo un tema que preocupa gravemente, dada la proximidad de los territorios vascos con la frontera de Francia, donde de momento parece estar contenida la enfermedad, pero el riesgo es inminente. 

 

Los daños en agricultura y los accidentes de tráfico cada día son más frecuentes. La huelga de los cazadores, sumado a la despoblación de las zonas rurales y la falta de depredadores naturales, han multiplicado exponencialmente las cifras de estos incidentes durante el último mes. Aunque el problema de las negociaciones con la administración, no solo atañen al jabalí. 

 

«No puede ser que nos den permiso para cazar el jabalí porque nos necesitan para solucionar el problema y lo demás ¿qué? ¿Qué pasa con la tórtola, con la paloma...? No puede ser que nos tengan en cuenta para solucionar un problema y para el resto nos dejen de lado» denuncia José Ángel Zaldua. A pesar de haber conseguido todos los apoyos políticos salvo el de Podemos, siguen sin ver cumplirse los acuerdos con una forma normalizada.

 

Tan solo en País Vasco hay más de 60.000 personas con permiso de armas, de los cuales el 71% están en Guipúzcoa. Parece ser que de momento deberán seguir con la protesta hasta llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes con la Diputación, lo que podría suponer una catástrofe medioambiental si la situación se prolonga en el tiempo, ya que las primeras consecuencias empiezan a ser visibles.