Pasar al contenido principal
Ya no será obligatoria la contratación de guardas de caza

Navarra ya tiene nueva Ley foral de Caza y Pesca

El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la reforma de la Ley Foral de Caza y Pesca, que matiza el carácter no obligatorio del guarderío, regula la suelta de especies genéticamente puras y respalda la actuación del guarda.
Guardas de caza El texto aprobado hoy dispone que sea el titular del coto de caza el que "decrete la necesidad" de disponer o no de guardas de caza, cuya contratación deja así de ser obligatoria.

Con los votos a favor de UPN y PSN, la abstención de Aralar-Nabai, Bildu, y el rechazo de PPN, I-E, la Ley de reforma de la Ley de Caza y Pesca de Navarra ha sido presentada por UPN.

Su objeto es adaptar la legislación a las necesidades actuales, revisando, entre otros, la obligatoriedad del sistema de guarderío, la superficie mínima exigible para la constitución de un coto, las especifidades de los vedados intensivos y la acción sancionadora.

Contratar o no guardas, a criterio del titular del coto

Tras las "controversias" generadas por el sistema de guarderío, exigencia recogida en la Ley Foral de 2005 y determinada reglamentariamente para su entrada en vigor en febrero de este año, se modifica el artículo 51, de modo que sea el titular del coto de caza el que "decrete la necesidad" de disponer o no de tal cautela, que deja así de ser obligatoria.

A la hora de decidir sobre la implantación del guarderío, deberán tenerse en cuenta las "características" del aprovechamiento cinegético previsto, bajo el principio de "garantizar de forma suficiente" la correcta explotación de las especies y el aseguramiento de las medidas de "control y seguimiento" establecidas con carácter preceptivo.

En todo caso, se dispone que el coto cuente necesariamente con un sistema de vigilancia para la ejecución de "autorizaciones excepcionales" de caza, ya sea por el empleo de los métodos prohibidos contemplados en el artículo 39, ya sea por tener lugar fuera de la temporada ordinaria.

Además, se requerirá guarderío para caza a rececho de ciervo y corzo; batidas y monterías a efectos de control de los procedimientos de seguridad necesarios; batidas de jabalí con más de 20 cazadores; controles anuales de poblaciones; y aquellas otras que puedan desarrollarse reglamentariamente.

A su vez, se demandará guarderío para manejo de poblaciones, incluyendo sueltas, repoblaciones y translocaciones, y cuando se haya autorizado una repoblación de especies cinegéticas, durante el tiempo que la caza de esas especies esté vedada y el acotado permita la cetrería de otras especies.

Por último, también para "asegurar las mejores condiciones medioambientales y de seguridad", se precisará guarderío cuando, por una gestión deficiente o por colocación de venenos y cebos envenenados o empleo de sustancias tóxicas prohibidas por la legislación vigente, se hubiera producido el cierre total o parcial del acotado en cumplimiento de expediente administrativo, penal o medida cautelar. En este supuesto, la presencia del guarda se prolongará hasta el final de la primera temporada efectiva de caza en el acotado.

Otras novedades

Entre los deberes del titular del aprovechamiento, en aras a una mayor "transparencia" en la concesión y uso de permisos temporales (tarjetas), figura la obligación de comunicar al titular del coto el número e importe de dichos autorizaciones.

Por otra parte, la Ley aboga por autorizar la constitución de cotos locales de un mínimo de 1.000 hectáreas, cuando el aprovechamiento principal sea la caza mayor y la gestión del acotado sea ejercida directamente por la entidad local titular o se determine a través de subasta.

En cuanto al aprovechamiento de los cotos cinegéticos, éste se realizará conforme a lo dispuesto en su Plan de Ordenación Cinegética.

No obstante, se regula la suelta de ejemplares de especies puras, de cara a garantizar la "idoneidad genética, la calidad sanitaria y el mantenimiento de los valores ambientales" en el acotado.

En ese terreno, se autorizan sueltas de perdiz roja, liebre europea y mediterránea y conejo, en las condiciones que el Departamento competente, en el plazo máximo de 18 meses, determine reglamentariamente.

Más información en Diario de Navarra.