Pasar al contenido principal

La Guardia Civil investiga a un veterinario furtivo por abatir 776 corzos

Además habría vendido las canales con documentos oficiales falsificados de un total de 1.001 corzos, 319 jabalíes y 88 ciervos a una empresa cárnica sin acreditar su legal procedencia.
La Guardia Civil investiga a un veterinario furtivo por abatir 776 corzos La Guardia Civil durante las investigaciones en el campo. / Fotografía: Segovia al día

La Guardia Civil de Segovia se encuentra en pleno desarrollo de las investigaciones sobre un hombre, sospechoso de haber matado cientos de piezas de caza mayor de manera ilegal, destacando que un total de 1.001 corzos, 319 jabalíes y 88 ciervos, procedentes de Segovia, Soria y Burgos, se habrían vendido a una empresa cárnica sin acreditar su legal procedencia. 

Todo comenzó entre noviembre y diciembre de 2019, periodo de tiempo en el que fueron hallados numerosos restos entre pieles, pezuñas, cabezas y vísceras de especies cinegéticas (jabalíes, corzos y ciervos), entre los que resultaban especialmente llamativas 41 cabezas de corzo. Los hallazgos desataron la alarma entre los cazadores de la zona, que dieron avisos sobre la aparición de los cuerpos y la Guardia Civil, puso en marcha entonces la operación “Macorzo” y comenzaron las investigaciones. 

El veterinario furtivo 

Todos los indicios apuntaban a que el supuesto autor de los hechos, es un veterinario de profesión que habría abatido los animales de manera ilegal y después, empleando documentos oficiales falsificados, habría certificado la carne de caza mayor para su venta y comercialización entre dos empresas cárnicas, a las que distribuía él personalmente, especializadas en la carne de caza. Falsificando datos y documentos, encubría su actividad furtiva y se lucraba con ello. 

De los 1.001 corzos localizados, 776 son procedentes de la provincia de Segovia, donde desarrollaba la mayor parte de su actividad ilegal. Ahora se enfrenta a una pena por delitos contra la flora y la fauna, por atentar contra la Ley de Caza de Castilla y León, por falsificación de documentos públicos y un delito contra la salud pública, al no garantizar la procedencia ni la trazabilidad de la carne.