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Trabajarán junto a la Federación regional

La Generalitat escucha a los cazadores y revisará el asunto de las sanciones

Tras la enorme polémica surgida, la Generalitat accede a revisar el asunto de las desorbitadas sanciones a los cazadores catalanes. La consellera Teresa Jordà trabajará con la Federación Catalana para intentar buscar una solución.
La Generalitat escucha a los cazadores y revisará el asunto de las sanciones Por el momento, los cazadores, siguen decididos a no hacer los controles poblacionales.

Parece que el hartazgo mostrado por los cazadores catalanes ha surtido efecto. Después de la polémica generada en torno a la Ley 5/2020 del 29 de abril que preveía sanciones a los cazadores de hasta 120.000 euros, la Generalitat parece va a recular. O al menos va a revisar la cuestión para tratar de solucionar la injusticia a la que están sometidos los aficionados de Cataluña.

Según recoge Europa Press, la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat se ha comprometido a hablar con la Federación Catalana de Caza. Ambas entidades tratarán de buscar una homogeneización criterios de los cuerpos responsables de las inspecciones, los organismos que tramitan los expedientes sancionadores y el colectivo de cazadores para reducir "al mínimo la posibilidad de discrecionalidad".

Agricultura, según informa en un comunicado, trabajará junto a los servicios jurídicos de la Federación para analizar el asunto de las infracciones, con el objetivo de que “la interpretación siempre sea la misma”.

La propia Teresa Jordà, consellera del ramo, ha acordado con Sergio Sánchez, presidente de la FCC, abordar un nuevo plan de trabajo de cara al futuro. Con ello, tratarán de mejorar la comunicación y abordar así las reivindicaciones que hacer el colectivo de cazadores. También han confirmado que, en estos encuentros, se analizará “el presente y futuro de la caza”, lo que debería servir para ajustar mejor las próximas normativas que afecten al colectivo cinegético.

Una gran polémica

Hace algunos días la polémica saltaba en Cataluña. Las últimas modificaciones de Ley 5/2020 del 29 de abril generaban un tremendo malestar entre los cazadores. Y es que la normativa determinaba que las infracciones quedarían a la interpretación del agente de turno. En algunos casos, las multas podían ascender a los 120.000 euros.

En esta autonomía, los cazadores sintieron una discriminación total, ya que eran reclamados para controlar poblaciones y, después, las sanciones se cebaban con ellos. La Federación también denunció que esta normativa se había hecho sin contar, precisamente, con el criterio del colectivo afectado.

Fruto del descontento, se hizo un llamamiento para que todos los cazadores dejasen de hacer controles poblacionales en señal de protesta. Por el momento, esta determinación sigue inamovible hasta que la Generalitat dé verdaderas muestras de compromiso.