Pasar al contenido principal
POR EL ACUERDO ENTER LA FCCYL Y LA CONSEJERÍA

Exigen el fin de la "discriminación" a los cazadores no federados de Castilla y León

El Procurador común ha instado la anulación del convenio entre la Federación de Caza de Castilla y Léon con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por el cual solo los cazadores federados podían participar en los controles de fauna silvestre.
El procurador común se posiciona en defensa de los cazadores no federados contra el acuerdo entre la Consejería y la FCCyL El procurador común se posiciona en defensa de los cazadores no federados contra el acuerdo entre la Consejería y la FCCyL

El año pasado la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la comunidad de la meseta norte, llegó a un acuerdo con la Federación de Caza de Castilla y Léon, a través del cual se estipulaba que tan solo podrían participar en los controles de poblaciones de fauna silvestre cinegética, aquellos cazadores que estuvieran federados

 

Tomás Quintana, el Procurador común, ha instado a la disolución de dicho acuerdo formalizado el 30 de mayo de 2017, “al suponer un incumplimiento flagrante” de distintos preceptos legales. En el mismo escrito, se solicita a la Consejería que se aprueben cuanto antes los planes cinegéticos de los cotos regionales y de las zonas de caza controlada. 

 

En cuanto a la distribución de los permisos, Quintana ha solicitado que los permisos para el control de especies cinegéticas por daños, sean entregados directamente a a quienes estén en posesión de la correspondiente licencia de caza. Quintana terminaba su escrito rogando al órgano que corresponda de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que en el plazo de dos meses le sea notificada una respuesta a su petición, donde manifiesten la aceptación o no de la resolución.  

 

En Castilla y León se registraron en el año 2017, cuando fue aprobado el polémico acuerdo, 92.403 licencias de caza, de los cuales, tan solo está federado el 17% de los cazadores. Lo que supondría que el 83% de los cazadores castellano leoneses, se quedasen fuera del reparto de permisos especiales para el control de daños por especies cinegéticas. 

 

La UNAC contra el “favoritismo”

 

Tras conocerse la noticia, la UNAC, -Unión Nacional de Asociaciones de Caza-, aprovechaba para recordar que ya denunció en su momento esta situación, porque “la Junta discrimina a los cazadores no federados y adjudica a dedo el control de especies cinegéticas en terrenos públicos”, y se reitera en lo expresado con anterioridad manteniendo su profundo desacuerdo.

 

Manuel Alonso, presidente de la UNAC, mostró en seguida su absoluta desaprobación del acuerdo alegando que “entendemos que la administración no puede derogar decretos y en cotos que gestionaban ellos en igualdad de condiciones para todos, lo anula para hacer un convenio con la Federación”. Hoy desde la UNAC han querido recalcar que “ahora el Defensor del Pueblo de Castilla y León nos da la razón, exigiéndole a la Consejería su anulación”.

 

Alonso añadía en su protesta que “antes tenían opción a participar en las cacerías todos los cazadores de la comunidad y ahora hay que pasar por la piedra de la Federación, por narices hay que pagar un impuesto revolucionario que es la tarjeta federativa por lo que no se ha tratado a todo el mundo igual”. Algo que además supone un incumplimiento flagrante de la ley para favorecer a entidades federativas en perjuicio de los cazadores y sus asociaciones de caza, "algo que no debería de suceder”. 

 

¿Conflicto de intereses?

 

Manuel Alonso está convencido de que el acuerdo se llevó a cabo “con alevosía”, ya que “esas zonas reguladas que se concedían a sociedades locales y en las que participaba todo el pueblo, de buenas a primeras lo anulamos porque no es rentable y a los tres o cuatro meses aparece el convenio con la Federación que estaba oculto, sin publicidad”. 

 

El dinero que la administración cogía por la caza en estas zonas controladas revertía en el monte y ahora revierte en la Federación, se está financiando de manera indirecta a esa entidad privada”, denunciaba Alonso en sus declaraciones. Para quien es más que evidente el ánimo de lucro que se ha puesto de manifiesto por parte de algunos de los cerebros del acuerdo. 

 

Alonso aseguraba que la UNAC nació sin intención de “ser competidores de nadie”, sino que “nacimos con la finalidad de defender la caza sostenible, social y natural y recuperar los derechos que nos han quitado las administraciones”.