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En Albacete

Anulan el cierre de un coto de caza y los 26.000 euros de sanción a su titular

El titular del coto había sido sancionado por “no desplegar las medidas necesarias para impedir la colocación de venenos”. Tenía que cerrar el coto y hacer frente a una sanción de 26.000 euros. La Justicia le ha dado la razón y ha anulado la condena.
Anulan cierre coto

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado una sanción de 26.000 euros al titular de un coto de caza en Albacete, que había sido interpuesta por la Consejería de Agricultura en 2014. También había sido condenado a cerrar el coto durante un año.

La Administración regional había sancionado al acotado por “no desplegar las medidas necesarias para impedir la colocación de venenos”. Asimismo, le había impuesto una multa de cerca de 26.000 euros y había decretado el cierre del acotado. El titular del coto recurrió las sentencias hasta en dos ocasiones.

En concreto, el sancionado alegó primero por la caducidad del procedimiento sancionador, que se inició el 10 de junio de 2013 y que se prolongó durante 1 año y 16 días. Asimismo, también alegó la inexistencia de una infracción contra la Ley de Conservación de la Naturaleza, ya que en esta normativa no se establecer las medidas necesarias para evitar la colocación de venenos. También alegó por el llamado vicio del procedimiento, argumentando el derecho a la bonificación por el pronto pago de la sanción.

Por todo ello, el Tribunal acabó anulando las sanciones interpuestas por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Argumentos de la defensa

El abogado Santiago Ballesteros ha sido el encargado de la defensa del titular del coto. Él mismo ha informado de la sentencia favorable al propietario. Además, aclara que la Junta regional tendrá que devolverle el importe de una sanción, de la que incluso había cobrado intereses de demora.

Como se ha señalado anteriormente, la Junta sancionó al titular por “no desplegar las medidas necesarias para impedir la colocación de venenos”. Según ha detallado Ballesteros, el propietario, en todo momento, negó que tuviera algo que ver con este hecho. En palabras del letrado, la Junta de Comunidades entendía que “el titular de un coto es una especie de gran hermano, que tiene la obligación de controlar todo lo que ocurre en el campo”. A este supuesto, la defensa argumentó que “un coto no es un apartamento donde uno cierra la puerta con llave y tiene la certeza de que no entra nadie”.

Ballesteros, al igual que su cliente, condenó enérgicamente el uso de cebos envenenados. Ha argumentado además la indefensión de los titulares de cotos en Castilla-La Mancha frente a una norma que responsabiliza directamente al titular cinegético por unos hechos que son “muy difícil controlar”.