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En la denominada Operación Almanzor

Absueltos los nueve furtivos que mataron cabras monteses en Gredos en 2009

Dentro de la Operación Almanzor se desarticuló una de las mayores redes de furtivismo en España. Ahora, los acusados han sido absueltos porque el juez determina que la Guardia Civil “se extralimitó” en sus funciones.
Absueltos los nueve furtivos que mataron cabras monteses en Gredos en 2009 La red ilegal, dedicada al furtivismo de cabras y otros ejemplares, fue desmantelada en 2009.

Los nueve furtivos, acusados presuntamente de haber matado de forma ilegal varias cabras monteses dentro de la denominada ‘Operación Almanzor’, han sido absueltos tras muchos años de juicio.

Los hechos ocurrieron en 2009, cuando se desmanteló una red ilegal dedicada al furtivismo de cabras dentro de la Reserva Regional de Caza de Gredos, aunque también se incluían otras especies. Los acusados habían matado una gran cantidad de ejemplares sin poseer ninguna autorización. Se enfrentaban a delitos contra la fauna y a tenencia ilícita de armas. De los 29 imputados al inicio, a esta última vista llegaron tan solo 9.

Extralimitación de la Guardia Civil

Según el Juzgado de lo Penal número 1 de Ávila, los hechos llegaron a juicio sin apenas pruebas. Previamente, en 2017, ya se anularon los registros domiciliarios y las intervenciones telefónicas llevadas a cabo por la Guardia Civil. Esto provocó que el resto de pruebas fueran nulas, ya que la justicia determinó que los agentes se extralimitaron.

La sentencia sostiene que “la prueba que ha quedado para ser practicada en el plenario ha devenido en una prueba contaminada que asimismo ha sido reducida a escasos indicios racionales de criminalidad”. Se incide además en que las diligencias policiales se realizaron "con vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y con vulneración del principio de legalidad".

Furtivos Operación Almanzor

Asimismo, los informes del Servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil también han quedado inhabilitados a raíz de los registros domiciliarios. Los testimonios de los agentes que participaron en las escuchas tampoco se han admitido al considerar que se obtuvieron de forma ilícita.

El juez cita en la sentencia que “se evidencia de una forma manifiestamente clara” que los registros en los domicilios de los acusados, así como las intervenciones en las comunicaciones, se realizaron sin autorización.

Además de los ya citados, también se vulnero otro derecho fundamental de los investigados, como es la presunción de inocencia. En este aspecto, la sentencia determina que la obtención de pruebas por parte de la Guardia Civil se produjo “con una injerencia o intromisión ilegítima en la intimidad de las personas acusadas, ya que se vulneró el derecho al secreto de las comunicaciones, así como el derecho a la inviolabilidad del domicilio de las mismas”