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Fue una petición del Partido Animalista

El Defensor del Pueblo se rinde a Pacma y recurre la Ley de Caza de Castilla y León

El Defensor del Pueblo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional varios de los artículos de la Ley de Caza de Castilla y León, aprobada durante el pasado mes de marzo.
Caza Castilla  y León Este recurso fue una petición expresa de Pacma.

De esta forma, Francisco Fernández Marugán se rinde a las exigencias del Partido Animalista contra el Maltrato Animal. Y es que el pasado mes de mayo, la formación liderada por Silvia Barquero, incapaz de asumir su derrota frente a los cazadores, instó al Defensor del Pueblo a presentar este recurso. Dicho y hecho.

 

Fernández Marugan considera que algunos de los preceptos establecidos en la normativa vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, al regularse directamente por ley las especies cinegéticas y cazables en Castilla y León, y los periodos y días hábiles de caza en esta comunidad, además de permitir el ejercicio de la caza directamente por ley, “con lo que se impide el acudir a los tribunales ordinarios”.

 

Para argumentar su recurso, el Defensor del Pueblo ha emitido un comunicado donde señala que el texto aprobado en las Cortes incluye puntos “sin contar con los estudios científicos y técnicos necesarios que avalen la declaración de especies cinegéticas”. Por ello, a su juicio “se vulnera la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, al no garantizarse la adecuada conservación de las especies silvestres”.

 

En la misma línea que siempre ha defendido, por ejemplo, Pacma, Marugán ve “inconstitucionalidad” en la Ley de Caza, pues la normativa “se promulga con la intención de eludir el cumplimiento de los autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que, de forma cautelar, paralizaron a finales de febrero la caza en esta comunidad tras suspender el decreto autonómico 10/2018 que regulaba las especies que se podían cazar, precisamente por carecer de los estudios científicos y técnicos necesarios”.

 

Precedentes

 

En primer lugar, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbó el Decreto de Especies Cazables de la región, para hacer lo propio poco después con la Orden de Vedas. Durante unas semanas, la caza estuvo paralizada e, incluso, estuvo en dudas su el corzo empezaría en fechas.

 

No hubo que lamentar este problema, pues PP, Ciudadanos, PSOE y Unión del Pueblo Leonés se pusieron en marcha para blindar la caza a través de una Proposición de Ley. El texto fue aprobado en las Cortes por abrumadora mayoría. 

 

Corzo Castilla y León

 

Tras la publicación en el BOCyL de la nueva Ley de Caza, se sucedieron varios intentos desesperados de asestar un nuevo golpe a la actividad cinegética en Castilla y León. En esta ocasión fue Ecologistas en Acción, que presentó una denuncia contra la Mesa de las Cortes acusándoles de prevaricación.

 

También plantearon que la admisión a trámite de la Proposición de Ley de modificación de la vigente Ley de Caza, presentada por PSOE, Ciudadanos y PP contenía “visos de inconstitucionalidad”. Pero la Justicia de la región acabó desestimando su recurso.