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El informe sirvió de base al Gobierno para decidir sobre el recurso de inconstitucionalidad

El Consejo de Estado defiende que Valencia violó competencias del Estado al legislar sobre el parany

En un informe remitido a Moncloa sobre la modificación que las Cortes Valencianas hicieron de la ley autónómica de caza, el Consejo de Estado considera que la legislación básica sobre protección del medio ambiente es competencia exclusiva del Estado.
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El diario ‘El País’ publica en su edición de hoy una información que recoge parte de las conclusiones del informe que el Gobierno solicitó al Consejo de Estado antes de tomar la decisión de recurrir ante el Constitucional la reforma de la ley de caza valenciana, al considerar que “violaba competencias estatales”.

De acuerdo con ese informe, la legislación básica sobre protección del medio ambiente es competencia exclusiva del Estado, y dentro de ella se incluiría la conservación de la biodiversidad y, por tanto, la de aves silvestres. El Consejo de Estado afirma que existen “fundamentos jurídicos suficientes” y valora la consideración del Ministerio de Medio Ambiente, que considera que la Ley de Caza valenciana “vulnera las competencias básicas estatales”.

Prevenir sin saber contra qué prevenir

Más o menos, eso es lo que el Consejo de Estado viene a sugerir cuando, en su informe, dice que no es necesario que exista plena certeza científica sobre el riesgo de la caza con parany para el medio ambiente para que el sistema sea desechado. Esto es, prima el “principio de precaución” para la protección de la naturaleza, contemplado tanto en tratados internacionales como en la legislación nacional. En concreto, el Consejo de Estado cita el artículo 45 de la Constitución Española, referido a que las Administraciones y organismos publicos tienen la obligación de velar por “la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente”.

Dudas sobre el nuevo pegamento

El informe reitera que la caza con parany es una práctica no selectiva por la utilización de la liga (pegamento), un método expresamente prohibido en la directiva europea y en la ley estatal. El escrito describe el sistema y hace alusión a un informe del Ministerio de Medio Ambiente en el que dice que “las aves que son atrapadas pertenecen a multitud de especies, por lo que no es selectivo en su principio ni en su método de aplicación”. En este sentido, los paranyers defienden que se ha desarrollado ya un nuevo adhesivo inocuo, lavable con simple agua, que posibilita liberar sin ningún daño a aquellas aves que caigan en el parany que no sean objeto de caza, de manera que se cumplía así el requisito de selectividad.

Sin embargo, el Consejo de Estado alberga dudas sobre este pegamento. En su estudio, subraya que no existe garantía científica de que la aplicación de los disolventes que existen en el mercado sobre las aves capturadas “no produzca daños relevantes a éstas”, y cuestiona que no haya informe alguno sobre el tiempo necesario de limpieza del ave, ni tampoco de la pericia necesaria para llevar a cabo esta tarea, así como los posibles daños que la liga pudiera crear en las alas de los pájaros. También pone su punto de mira en que “el efectivo cumplimiento de la obligación de liberar a las especies capturadas accidentalmente supondría un esfuerzo de inspección y control muy elevado”.

Por otra parte, el Consejo de Estado critica que no se conozcan los estudios científicos citados en el preámbulo de la Ley de Caza valenciana como argumento para validar la modificación de la normativa “por no haber sido remitidos por los promotores”. Además, añade que tampoco “se tiene constancia de que tales informes hayan sido publicados en ninguna revista o publicación de referencia”.

Posibles sanciones desde Europa

Por último, el informe advierte que la permisividad del Gobierno para con la modificación de la Ley de Caza valenciana podría conllevar una sanción de la Comisión Europea ya que, tal como indica el propio Consejo de Estado, ésta ya ha advertido, aunque de momento de manera “informal”, de la posible infracción por no ejecutar la sentencia del Tribunal europeo.